Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA)

El viernes 21 de junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el informe de la CORA, que estima que en caso de llevarse a efecto implicaría unos ahorros de 37.620 millones de euros.

Este informe recoge 217 propuestas de mejora de la gestión de las administraciones públicas mediante medidas de racionalización, extendiendo la administración electrónica, proponiendo la supresión de duplicidades administrativas entre las distintas Administraciones Públicas así como una mejor gestión y uso del sector público y del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Para su seguimiento se ha creado una Oficina de ejecución de la reforma integrada en el Ministerio de Presidencia.

El informe no cuestiona la distribución actual de competencias entre el Estado y las CCAA por lo que la mayoría de las medidas que afectan a estas últimas (139) no se podrán implementar si no es con su colaboración vía convenios.

Si bien la CORA señala que las CCAA ya están adoptando, de motu propio, estas medidas, y que tiene como elemento de presión la Ley de Estabilidad, sin una reordenación de las competencias Estado-CCAA, todas estas medidas serían reversibles una vez cambie la coyuntura económica.

Tampoco propone una reforma en profundidad de la Administración sino que se limita, de forma exhaustiva, a aplicar criterios de racionabilidad y de ahorro económico, sin cuestionar el modelo.

Así, no recoge posibles fórmulas de colaboración público-privada (sólo es citada una vez en el informe y respecto de una medida ya acordada relativa a las agencias privadas de colocación) ni propone una privatización de las entidades del sector público previo análisis de su utilidad.

En materia de contratación pública, tampoco propone medias novedosas si no la extensión en la aplicación de figuras ya previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.

No obstante el informe, al que van incorporadas fichas de todas y cada una de las medidas adoptadas en que se señala la medida, su coste, las administraciones implicadas y el problema que solventa (las fichas no han sido hechas públicas), supone una chequeo general de la situación actual de las Administraciones Públicas, así independientemente de que se logre la implantación de todas sus medidas, sí se puede considerar que será, en todo caso, un punto de referencia para cualquier reforma futura de la Administración Pública.

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